No en nuestro nombre

Manifiesto contra la privatización de los exámenes de conducción

De forma oportunista, y en medio del conflicto laboral que enfrenta al colectivo de examinadores con la dirección de la DGT, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha solicitado públicamente la privatización de los exámenes de conducción. La CNAE se sube al carro de las políticas neoliberales de los gobiernos del PP y aspira a candidato preferente ante una posible privatización más en la obtención de los permisos de conducción. Las organizaciones firmantes de
este Manifiesto queremos hacer público nuestro más rotundo rechazo a cualquier tentativa de privatización de los exámenes de conducción.

Desde los años 80 la política de las clases dominantes se ha concretado en una ofensiva neoliberal que ha puesto en el centro de su ataque las conquistas sociales de las clases trabajadoras. Las estrategias neoliberales tienen como objetivo: a) crear un marco institucional de primacía de los derechos de propiedad y libre mercado, b) reorientar los gastos del Estado hacia las empresas y convertir las actividades estatales en espacios de acumulación del capital a través de las
privatizaciones, c) universalizar el carácter mercantil sobre espacios que anteriormente no se regían por la lógica de la ganancia d) crear un marco socio-laboral que permita un fácil disciplinamiento de la clase asalariada con el objetivo de abatir los costos salariales (directos o socializados por el Estado) para impulsar la ganancia empresarial.

Detrás del discurso ideológico de las privatizaciones y las bonanzas de la gestión privada empresarial están las estrategias más agresivas contra las condiciones laborales de los trabajadores y la implementación de criterios de rentabilidad privada. La privatización del servicio público de exámenes no supondría ningún beneficio para los ciudadanos que verían cómo se encarece los exámenes y mercantiliza un derecho a una evaluación objetiva. La privatización del servicio público
de exámenes sólo beneficiará a las empresas adjudicatarias que obtendrán unos beneficios a costa del ciudadano y de las condiciones de trabajo de los examinadores. Asimismo no es difícil imaginarse las consecuencias que para la seguridad vial tendría una privatización de los exámenes de conducción a medio y largo plazo.

Los ejemplos en las privatizaciones en Educación y en Sanidad han demostrado claramente las consecuencias desastrosas para la ciudadanía que ha tenido que pagar las facturas por la mala gestión privada. El modelo que nos ofrecen es una privatización de amiguetes donde los beneficios sean privados y las pérdidas públicas. En lo que se refiere a la privatización de los exámenes de conducción sirva como ejemplo el sistema dual portugués que combina exámenes públicos y privados cuyo modelo ha recibido numerosas críticas por parte de los trabajadores de la formación vial del país. Es más, nosotros que somos trabajadores del sector privado de la formación vial y conocedores de la precariedad laboral que nos aqueja nos sonrojamos cuando vemos a nuestra patronal aspirar a la privatización de los exámenes de conducción. Vista la experiencia previa con las privatizaciones de otros permisos creemos que hay motivos suficientes para negarle a nuestra patronal la gestión privada de los exámenes de conducir. Son demasiados peligrosos los intereses
encontrados y escasa la confianza en una patronal que no ha sabido poner en valor la formación vial ni ha demostrado su madurez en el cumplimiento de la normativa laboral.

Además queremos expresar que la posición de la dirección de la CNAE, que obviamente no es del acuerdo de los trabajadores asalariados del sector, tampoco tiene el consenso del empresariado del de las autoescuelas. Recientemente y en nota de prensa la “Plataforma ni un día más sin examen” que agrupa a más de 3.000 centros de Formación Vial desmentían contundentemente que las Autoescuelas de hubieran solicitado a las Administraciones Públicas la privatización al no haber sido aprobado por los órganos democráticos de la propia CNAE.

Las organizaciones firmantes siempre defenderán unos servicios públicos y de calidad. Pero la calidad del servicio no vendrá de la mano de la privatización sino de la inversión y de nuestras exigencias como ciudadanos y trabajadores del sector de la formación vial. Lejos de apostar por una senda privatizadora habría ir pensando cada vez más en en una integración progresiva de la formación vial dentro del sistema educativo público. La educación vial debería ser un derecho y no un negocio.